En primer lugar, hay que mencionar que, en Entre Ríos está vigente la Ley de Expropiación Nº6467/1979, a través de la cual el Estado puede declarar de utilidad pública y expropiar cualquier bien que resulte de su conveniencia. En este caso, se trata de las 9 hectáreas ubicadas frente al Parque Termal "Daniel Tisocco". No obstante, para que eso suceda, tiene que haber un acuerdo previo, es decir, una Ley aprobada por la Legislatura entrerriana.
En este sentido, el Municipio de Chajarí, a través de quien entonces era Diputada Provincial Gabriela Lena, presentó un proyecto de Ley de Expropiación de esa propiedad. El mismo fue aprobado tanto por la Cámara de Senadores como por la de Diputados de la provincia. Una vez que se aprobó, existe, dentro de la provincia, lo que se llama el Consejo de Tasaciones de Entre Ríos, quien fija un valor a esa expropiación. En este caso, el valor impuesto, en aquella primera instancia, fue de alrededor de $1.000.000 (pesos un millón).
Para continuar con la expropiación y tomar posesión de ese bien, el Municipio tiene que hacer un depósito judicial del monto antes mencionado que es lo que la provincia, a través de este Consejo, establece como valor. En cuanto a esto, hay que decir que la Municipalidad de Chajarí abonó el monto fijado y tomó posesión de dichas hectáreas.
Sin embargo, luego, se abrió una instancia judicial ya que los propietarios no estaban de acuerdo con el valor que indicó la provincia, lo que los llevó a accionar legalmente. La justicia, con posterioridad, resolvió que el valor, finalmente, sea en dólares, lo que, actualizado al día de la fecha, sería alrededor de 60 millones de pesos. Ante la modificación de las condiciones iniciales de compra, el Municipio desistió de la misma ya que no resulta conveniente a sus intereses.
El Presidente Municipal de Chajarí, Pedro Galimberti, en contacto con medios locales, dijo, “nosotros, eventualmente, podemos avanzar en otra instancia, en un marco de negociación, con un privado, pero comprar desde el Municipio a valor dólar, tal cual lo determinó el fallo, no es posible ya que nos condicionaría los próximos dos años de gestión”. Y continuó, “probablemente, en algún momento, aparezca otro terreno y podremos hacer algún negocio, charlar previamente con los Concejales de la ciudad y poder avanzar con el proyecto que teníamos en este caso, donde planificábamos instalar tres Museos, y también, un campus universitario que estaba previsto en la correspondiente Ley de expropiación”.
Finalmente, hay que resaltar que el Municipio tomó esta decisión de no continuar con el proceso de expropiación debido a la situación que estamos atravesando y porque, además, eso comprometería las finanzas del Gobierno local en los próximos años e impediría la realización de obras, la compra de tierras, entre muchas otras cuestiones. Al desistir, el Gobierno local está obligado a hacerse cargo de los honorarios judiciales, los que están regulados por la Justicia y son un porcentaje del monto en cuestión, lo que hoy significa alrededor de 14 millones de pesos, monto que ya fue abonado por el Gobierno local.