El abogado, juez y político argentino, que integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares, hizo un repaso exhaustivo del contexto de época previo al golpe militar, de violencia política extrema, hasta la recuperación de la democracia en 1983.
Habló del derrocamiento de María Estela Martinez de Perón y expresó que dictadura comenzó con la supuesta vocación de combatir el terrorismo. "Decían que a los terroristas se les aplicaba a la ley, pero por debajo de esa estructura blanca los militares planificaron un metodo de combatir al terrorismo que era criminal y siniestro", graficó, para luego narrar cómo se procedió con el secuestro de personas, el alojamiento de las mismas, la aplicación de torturas terribles y salvajes y las desapariciones.
De filiación radical, Gil Lavedra señaló que "los radicales tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos en la transición democrática" y ubicó a Alfonsín como el constructor del «consenso del Nunca Más», destacando su audacia, coraje y visión.
Respecto al juicio a las Juntas señaló que fueron la piedra angular derecho internacional en materia de derechos humanos y que fue Alfonsín, justamente, quien creó la demanda en materia de DDHH.
Gil Lavedra ponderó el rol de las organizaciones de DDHH, como la Asamblea y las Madres de Plaza de Mayo, que se unieron en la consigna de aparición con vida, juicio y castigo a los culpables, como así también de la Multipartidaria que, a comienzos de los ´80, empezó a exigir a las Juntas la lista de los desaparecidos.
"Raúl Alfonsín, durante la campaña, dijo que no podíamos mirar para otro lado y prometió verdad y castigo para los máximos responsables. Eso era impensable en la Argentina de ese momento, porque los autores de esos crímenes tenían las armas en las manos y el gobierno civil sólo tenía la fuerza del voto", sintetizó. En este contexto se inscriben los tres alzamientos militares que debió afrontar el gobierno de Alfonsín, en procura de la amnistía.
La iglesia -recordó- pedía reconciliación y perdón y el partido Justicialista se inclinó por la amnistía a los militares e incluso desistieron de integrar la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP). "Los que votaron a Luder, en 1983, el 40% de la población, votó amnistía, por lo cual el tema no fue tan sencillo", afirmó, para luego dar cuenta del clima de época; todo esto sumado a que una gran cantidad de argentinos creía en el discurso de los militares que pregonaban que, gracias a haber derrotado al terrorismo, habían facilitado el regreso de la democracia.
Para Gil Lavedra, sin embargo, fue Alfonsín quien aseguró la democracia para el futuro, incluso con las leyes de obediencia debida y punto final que, en su visión, fueron fruto de las necesidades políticas de la transición. De lo que se trataba -dijo- era de traspasar el gobierno democrático a otro gobierno democrático.
En cuanto al Juicio contó entretelones de su realización donde declararon 900 testigos. Su desarrolló se extendió por 14 meses, desde octubre de 1984 hasta diciembre de 1985. En este sentido Gil Lavedra valoró la valentía de los testigos, porque la democracia no estaba asegurada.
Para llevar a cabo el juicio recordó que se definieron tres niveles de responsabilidad -los que dieron las órdenes, los que cometieron excesos y los que las cumplieron-, porque el enjuiciamiento masivo ponía en riesgo la democracia, ya que en ese momento toda América del Sur estaba azotada por dictaduras militares.
Ponderó también el trabajo de la CONADEP, que duró 9 meses, y cuyo informe fue de utilidad para el juicio, convirtiéndose el "Nunca Más" en el libro más vendido de la historia de Eudeba.
En cuanto al estado actual de la lucha por los derechos humanos calificó de vergonzosa su apropiación facciosa y dijo: "No bajamos un cuadro, el momento difícil era aquél".
Respecto a las causas, tras la declaración de nulidad, en 2006, de las leyes de obediencia debida y punto final, narró que hay aproximadamente 200 casos aún sin resolver.
Consultado sobre la cantidad de desaparecidos expresó que no tiene sentido discutir cuántos fueron, porque una sola vida vale, y porque la represión fue clandestina y secreta y, por lo tanto, no se puede saber cuántos fueron. "Los 30000 funcionan como un emblema, como un símbolo, ya que los registrados por la CONADEP son cerca de 9000 y quienes pidieron reparación son unos 11000", concluyó.