El proyecto para adherir a la Ley Micaela fue presentado por el bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, y aprobado en la sesión del 22 de julio pasado mediante Ordenanza N° 2241 del HCD. De esta manera el Gobierno de Chajarí adhirió a La Ley Nacional N°27.499 que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los poderes del Estado y a la Ley Provincial Nº 10.768.
Dicha Ordenanza dispone como autoridad de aplicación en nuestra ciudad a la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión a través del Área de Mujer y Familia, "o quien la reemplace en un futuro, quien establecerá la reglamentación y las respectivas sanciones frente al incumplimiento de esta norma".
Esta capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, que en estas dos primeras jornadas estará destinada a Concejales y Funcionarios municipales, se llevará a cabo por videoconferencia a cargo de la Psicóloga Mariel Surt y el Psicólogo Manuel Acevedo y se extenderá luego para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en la Municipalidad de Chajarí.
En diálogo con la FM 88.7 Radio Pública Chajarí, la Psicóloga Mariel Surt aclaró que la misma se brindará a todos los empleados públicos, pautándose dos encuentros por grupo, coordinando con cada área el día y horario a llevarse a cabo. "Arrancamos esta semana con los funcionarios, los secretarios, el Intendente y los concejales, y después seguiremos con el resto", manifestó.
En cuanto al contenido a desarrollar, la Psicóloga explicó que "lo que la ley exige es todo el contenido en relación a los conceptos de género, de sexo y después las diferentes identidades que surgen a partir de la percepción que cada persona tiene de sí misma, y obviamente todo lo que sea en relación a los diferentes tipos de violencia, porque el fin es poder erradicar la violencia contra la mujer y el resto de las identidades".
A lo que agregó que "la idea es sumar información, dar herramientas para que se puedan identificar este tipo de situaciones y poder buscar la solución a estos conflictos, a estas situaciones que se presentan, brindando conceptos y conocimientos y que cada uno luego pueda volcarlo a su área". Por último nos contó que la intención es hacer dos encuentros por grupo, donde además de presentar el tema principal se responderán todas las preguntas que se presenten debido a que "siempre puede surgir alguna duda, alguna consulta y la idea es darle lugar a eso".
La Ordenanza Nº 2241 en adhesión a la Ley Micaela, dentro de los considerandos, señala, entre otras cosas, que la importancia de la norma está basada en informar a los operadores sobre cuestiones de género e incorporarlas en la práctica cotidiana desde el lugar donde se encuentren. Del mismo modo, indica que con la capacitación obligatoria se busca orientar al Estado Municipal en pos de ciudadanías comprometidas en la promoción de los derechos humanos para la construcción de sociedades más igualitarias y libres de violencia.
También, se hace hincapié en que Chajarí tiene marcado compromiso con la lucha por la igualdad de género y contra toda forma de violencia hacia la mujer, a partir del cual se han venido desarrollando numerosas acciones y proyectos. Asimismo, a partir de estas dos Leyes, la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión, a través del Área de Mujer y Familia del Municipio, viene realizando capacitaciones, por lo que se cree que se debe dar un marco legal para poder hacer cumplir, en todos sus términos, las Leyes mencionadas.

Ley Micaela

La misma fue promulgada el 10 de enero de 2019 y se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Dicha Ley 27.499, propone que, mediante las capacitaciones correspondientes, se transmitan herramientas y se (de) construyan sentidos comunes, que se cuestione la desigualdad y la discriminación, y se transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de Ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.