Dicho proyecto de Ordenanza, en su Artículo 1°, señala: adhiérase en todos tus términos a la Ley Nacional N° 27.499 – Ley Micaela – de capacitación obligatoria en genero para todas las personas que integran los poderes del Estado, y a la Ley Provincial N° 10.768 que adhiere a nuestra provincia. Del mismo modo, en otro apartado, se indica que la autoridad de aplicación en nuestra ciudad será la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión a través del Área de Mujer y Familia, o quien la reemplace en un futuro.
Por otro lado, dentro de los considerandos, dicho proyecto de Ordenanza señala, entre otras cosas, que la importancia de la norma está basada en informar a los operadores sobre cuestiones de género e incorporarlas en la práctica cotidiana desde el lugar donde se encuentren. Del mismo modo, indica que con la capacitación obligatoria se busca orientar al Estado Municipal en pos de ciudadanías comprometidas en la promoción de los derechos humanos para la construcción de sociedades más igualitarias y libres de violencia.
También, se hace hincapié en que Chajarí tiene marcado compromiso con la lucha por la igualdad de género y contra toda forma de violencia hacia la mujer, a partir del cual se han venido desarrollando numerosas acciones y proyectos. Asimismo, a partir de estas dos Leyes, la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión, a través del Área de Mujer y Familia del Municipio, viene realizando capacitaciones, por lo que se cree que se debe dar un marco legal para poder hacer cumplir, en todos sus términos, las Leyes mencionadas.

Ley Micaela

La misma fue promulgada el 10 de enero de 2019 y se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Dicha Ley 27.499, propone que, mediante las capacitaciones correspondientes, se transmitan herramientas y se (de) construyan sentidos comunes, que se cuestione la desigualdad y la discriminación, y se transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de Ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.